La afanosa búsqueda del veto

Por Alberto Dearriba

Periodista.

La ansiedad por arrancar un plumazo presidencial crece en la oposición desde el mismo día que se inauguró en marzo el período ordinario de sesiones, con una composición más favorable en ambas cámaras legislativas para la oposición.

La entente político-corporativa tiene tantas ganas de arrancarle un veto a la presidenta de la Nación para indisponerla frente a la sociedad, que el principal portavoz de la alianza antikirchnerista se apuró a titular ayer en tapa que “la presidenta vetará el 82% a los jubilados”, aun antes de saber si realmente se convertirá en ley en el Senado.

El deseo de desgastar al gobierno de Cristina Fernández es tan grande que se abandonan los principios mínimos del periodismo, y ni siquiera se tiene en cuenta que la oposición fracasó el 3 de agosto pasado en el Senado al intentar aprobar un proyecto similar al que ahora le envían los diputados.

El título es tan engañoso como uno que publicó el diario La Razón en su quinta edición en los años setenta. “Hay vida en Marte”, decía el vespertino en cuerpo 48. En la bajada, se aclaraba que eso era lo que investigaba una universidad de los Estados Unidos.

La ansiedad por arrancar un antipático plumazo presidencial crece en la oposición desde el mismo día que se inauguró en marzo el período ordinario de sesiones, con una composición más favorable en ambas cámaras legislativas para la oposición. Pero desde entonces hasta hoy, el conglomerado opositor no logró sacar una sola ley a la que se opusiera el oficialismo. Y en consecuencia, Cristina Fernández no debió ejercer desde entonces la antipática facultad presidencial del veto.

El Grupo A consumió la mitad del período ordinario de sesiones en una discusión bizantina sobre el pago de la deuda con reservas, que terminó con la justicia avalando la posición oficial y con un nivel de reservas superior a los 50 mil millones de dólares, lo cual estampó un nuevo récord macroeconómico. El tiempo insumido por la extenuante discusión favoreció al oficialismo, que se defiende como puede y espera el mes de noviembre para clausurar el embate.

La aprobación del proyecto de reforma del Indec la semana pasada por parte del Senado fue saludada como una estruendosa victoria por la oposición, pero ahora resulta que los bloques de diputados de PRO y Proyecto Sur, se niegan a votarlo tal como fue sancionado, con lo cual no es improbable que el texto sea devuelto con modificaciones a la Cámara de origen.

El gobierno sabe que debe mezquinar los vetos como si fueran balas de plata, por lo que el proyecto de reforma del Indec que plantea una normalización en un plazo de 150 días, podría pasar el filtro, si fuera sólo por la modificación de la estructura legal del organismo que entraría en vigencia recién el año que viene. Pero ocurre que un cambio del índice de precios minoristas podría encarecer los pagos de la deuda externa, por efecto de un ajuste mayor en los bonos atados a la inflación nacional.

Un editor del diario de Francisco de Narváez –El Cronista Comercial– publicó días atrás una estimación que indicó que la Argentina hubiera pagado 8900 millones de dólares adicionales si los bonos de la deuda se indexaran por los índices privados, en lugar de hacerlo por el que elabora el Indec.

Es cierto que un sistema estadístico con control parlamentario como impulsa el proyecto de reforma, resultaría más confiable para empresas y consumidores, al tiempo que haría más visibles las cifras de pobreza. Pero no todo es transparencia y precisión en el intento de reformar el Indec, ya que los bonos de la deuda, atados a la inflación, representan un negocio dormido de unos 37.400 millones de dólares que hoy rinden un 5% anual y podrían saltar al 28% con un indicador más sensible.

Pero si la reforma del Indec implica un costo elevado para las arcas nacionales, el proyecto de establecer un piso jubilatorio del 82% del salario mínimo vital y móvil para los jubilados sin una carga específica que permita solventar los 40 mil millones de pesos que implicaría, se parece bastante a una utopía.

Está claro que los jubilados no sólo necesitan el 82% del salario mínimo, sino el 100%. Pero cualquier propuesta seria de recomposición de los haberes debería establecer quién pagará el pato. Lo contrario no es una ley nacional, sino una expresión de deseos que tiene por objetivo único desprestigiar al gobierno.

Tanto es así que las entidades empresarias que tienen más amigos en la oposición que en el gobierno, no dijeron ni mú cuando comenzó a ventilarse la posibilidad de que terminaran siendo el pato de la boda con la restitución de los aportes patronales. El silencio se tornó estruendoso, sobre todo para oídos acostumbrados a advertencias apocalípticas ante el más mínimo recorte de las ganancias empresarias. Sabían que el proyecto no era más que un saludo a la bandera.

Si la Cámara Baja no hubiera desechado la reposición de aportes patronales que planteó el bloque de Proyecto Sur, el gobierno, que ha hecho un culto del mercado interno y que se ha mostrado mucho más preocupado que sus antecesores por los jubilados, se vería más complicado en explicarle a la sociedad por qué se opone a una justa recomposición de los haberes previsionales. Pero tal como fue sancionado, el proyecto resulta poco creíble.

Entre quienes rechazaron la restitución de los aportes patronales había algunos legisladores que apoyaron la poda ordenada por Domingo Cavallo, lo cual exhibe coherencia en contra de los sectores populares. Pero es contradictorio, en cambio, que los mismos que defendieron a capa y espada un recorte del 13% a los jubilados durante el gobierno de Fernando de la Rúa, hayan votado en la madrugada del jueves el mayor aumento para los abuelos desde la reinstauración de la democracia. También resulta paradójico que el gobierno que rescató al régimen previsional del negocio privado para devolvérselo al Estado, que estableció una movilidad que lo obliga a ajustar cada seis meses, que acumula aumentos por más del 600% y que incluyó en el sistema a 2,2 millones de personas que estaban a la intemperie, tenga que hacer ahora el papel del avaro de Molière.

Por el momento, el título concebido como una expresión del periodismo de anticipación no es más que un deseo. La iniciativa deberá atravesar antes el tembladeral de la Cámara Alta, donde los número son inestables y ninguno de los principales actores se anima en verdad a un pronóstico público terminante para no quedar pagando.

Lo único claro por el momento en el Senado es que la oposición montará un importante escenario mediático, por el cual desfilarán “hasta ancianitas no videntes”, según ironizó un conspicuo representante del oficialismo. La intención será presionar desde afuera del Congreso hacia adentro en favor del proyecto, para producir un cambio en la aritmética interna. “Si no conseguimos los votos necesarios, al menos que el debate sea amplio y el gobierno pague el costo político de rechazar el aumento”, dijo un legislador opositor. Está claro, no se trata de buscar leyes viables que mejoren

efectivamente la vida de los argentinos, sino vetos presidenciales que desprestigien al gobierno

fuente El Argentino