Luis Juez hace chistes mientras comete delitos, lo condenaron por "plata sucia"

Sancionan a la agrupación política de Luis Juez por recibir aportes prohibidos por la ley

La Cámara Nacional Electoral sancionó a la agrupación del senador por recibir aportes de una compañía que tiene la concesión del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba, algo prohibido por la ley de financiamiento de partidos.

El actual senador cordobés, Luis Juez, ha hecho un personaje de sí mismo. Entre chiste y frases ingeniosas, gusta pasearse por los medios de comunicación calificándose como parte de la "nueva política", agitando las banderas de la transparencia, el diálogo y el consenso.

Tal es así que bautizó a su agrupación "Partido Nuevo contra la Corrupción, por la Honestidad y la Transparencia".

Bien podría aplicarse, entonces, aquel refrán que dice "dime de qué alardeas y te diré de qué careces", ya que la Cámara Nacional Electoral resolvió sancionar a esa agrupación cordobesa por detectar violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos.

La ley prohíbe a los partidos recibir fondos de empresas concesionarias de servicios u obras públicas y, en este caso, la Cámara advirtió que la agrupación de Luis Juez había recibido aportes de Aguas Cordobesas S.A., una compañía que tiene la concesión del servicio de agua potable en la capital de la provincia de Córdoba.

En la sentencia, suscripta por los jueces Alberto Dalla Via, Rodolfo Munné y Santiago Corcuera, se señala que “la prohibición de recibir aportes de determinadas personas –físicas o jurídicas- así como de empresas o entidades prestadoras o concesionarias de servicios públicos, procura salvaguardar la independencia, especialmente de aquellos candidatos que resultaren electos, respecto de grupos económicos que hubieren colaborado en la financiación de su propaganda”, ya que que “este tipo de financiamiento, sin tratamiento jurídico adecuado, podría tener un efecto pernicioso en el sistema, permitiendo que los partidos políticos representen los intereses privados o particulares de quienes contribuyen a su sostenimiento”.

El fallo además advierte que se procura evitar que “el tema del financiamiento se convierta en una fuente de tráfico de influencia y corrupción con consecuencias nefastas para la ética en la administración pública y la salud de la democracia

misma”.

Por la resolución del Tribunal, ahora el juez federal electoral de Córdoba deberá aplicar las sanciones correspondientes, tanto al partido político como a la empresa concesionaria. Además, dispuso que el magistrado determine y sancione las eventuales responsabilidades personales de quienes hayan sido autores de la maniobra ilícita.