LA INDUSTRIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES... Justicia express

El caso de los jueces que beneficiaron a Clarín reflotó las sospechas sobre la proliferación de amparos. Usos y abusos de la ley.

Por Carlos Romero

La sinopsis de la película podría ser así: “El relato empieza de forma casi naïf. Una preocupada clienta de la extinta empresa Fibertel que, movida por el temor a quedarse sin el servicio de Internet provisto por el Grupo Clarín, contrata los favores de un abogado para que la defienda en los tribunales. Pero la trama logra su clímax cuando entra en escena el solícito juez Elvio Bautista Sagarra que, a pesar de saberse incompetente para entender en esos asuntos, toma una decisión que lo cambiará todo. Una historia llena de intrigas, poder y medidas cautelares”.

Fuera de toda lectura socarrona, la de Fibertel y el juez platense Sagarra es una verdadera “película”. Y repasar cada una de las maniobras judiciales –todas ellas “ajustadas a derecho”, como explican los exégetas del magistrado– permite tener una idea cabal de cómo la fría letra de la ley se puede moldear según las urgencias de una institución que a veces se demora años en decidir y, en otras oportunidades, se vuelve una “Justicia express”.

El caso de Sagarra, junto al del conjuez de Dolores Adolfo Harisgarat –que saltó a la fama después de dictar una medida cautelar que frenó la aplicación de la nueva grilla televisiva dispuesta por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)–, se suman a la larga saga de acciones cautelares que fueron acumulándose desde fines de 2008 y que obstaculizaron el cumplimento de medidas clave tomadas por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. Así fue en el caso de la reestatización de los fondos de las AFJP, la suspensión a la fusión de Cablevisión y Multicanal, el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el empleo de las reservas del Banco Central para pagar deuda pública, la remoción de Martín Redrado al frente de esa entidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la disposición de un precio uniforme de venta para papel de diario, la caducidad de exenciones impositivas para editoriales de diarios y revistas y, el caso más paradigmático, la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La lista, grosso modo, incluye una veintena de cautelares dictadas por jueces de diferente rango, en todo el país. Muchas veces, las acciones de no innovar terminaron revocadas por instancias superiores, donde quedó en evidencia la gran fragilidad argumentativa de los jueces para acceder al pedido contra el Estado o una notable exageración en sus atribuciones.

Para el kirchnerismo, el cuadro es simple: sólo se trata de ganar tiempo, meter palos en la rueda. Y ponen el ojo en la influencia del Grupo Clarín, principal beneficiario de las dilaciones. Es lo que la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández, llamó una “Justicia cautelar”. Su esposo, Néstor Kirchner, completó la idea diciendo que “le haría bien a la Argentina que se termine este juego de las medidas cautelares sobre medidas cautelares que después nadie resuelve y traban el funcionamiento del Estado”. Fue un tiro por elevación a la Corte Suprema de Justicia, que sostuvo que la tarea del Poder Judicial es “poner límites a los otros poderes”. Esos dichos del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, se dieron en momentos en que el máximo tribunal tiene entre sus manos el fruto de otra cautelar, una que justamente viene demorando la plena vigencia de la nueva Ley de Medios.

Se trata del amparo dictado en diciembre de 2009 por el ex juez en lo Civil y Comercial de la Capital Federal Edmundo Carbone, que luego de ese fallo renunció. En su cautelar de despedida, Carbone accedió al pedido del multimedios de frenar dos artículos de la norma que reemplazó a la ley de radiodifusión, que luego la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal redujo a uno: el 161, la llamada cláusula de adecuación, donde se establece un plazo de un año para que las empresas de medios se ajusten a la nueva normativa. Casi al mismo tiempo que Carbone, Olga Pura de Arrabal, al frente del Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza, redobló la apuesta: dictó una cautelar disponiendo la suspensión de toda la Ley de Servicios Audiovisuales, por pedido del diputado nacional Enrique Thomas, del peronismo disidente. El fallo de Pura de Arrabal, ratificado en forma completa por la Cámara Federal provincial, fue demasiado para la Corte Suprema, que lo revocó, sosteniendo que los magistrados no pueden suspender leyes de modo general.