CIVILES CÓMPLICES:El fiscal federal de Tucumán pidió que se cite a declarar a Morales Solá

Por Gerardo Aranguren

El fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito, le solicitó al juez federal Daniel Bejas que cite a declarar a Joaquín Morales Solá en carácter de testigo. El pedido se basó en una fotografía en la que el editorialista del diario La Nación aparece con el comandante Acdel Vilas en 1975, cuando el fallecido represor comenzaba a dar forma al denominado Operativo Independencia. 

En la citación, el funcionario también pidió que se llame a declarar al periodista Oscar Gijena, actual secretario general de la Asociación de Prensa de Tucumán, quien durante la represión inaugurada por Vilas trabajó como periodista en La Gaceta de Tucumán. Ahora, el juez deberá resolver si hace lugar o no al pedido del Ministerio Público, decisión que quedaría suspendida hasta el año que viene, una vez que finalice la feria judicial. 

La fotografía de Morales Solá fue difundida por el seminario Miradas al Sur en su edición del 5 de diciembre pasado, y fue acompañada por una nota de Eduardo Anguita, en la que señalaba que ¨según dos fuentes calificadas, el edificio al cual va a ingresar la comitiva (de Acdel Vilas) es la tenebrosa Escuelita de Famaillá", el primer centro clandestino de detención del país, donde Vilas y su sucesor Antonio Domingo Bussi utilizaron como campo de concentración para secuestrar y torturar a más de 2000 presos políticos. 

A partir de esa información y de llamados de familiares de las víctimas que leyeron la nota, la semana pasada, el fiscal Brito se presentó en el Juzgado Federal N° 1 que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán. Allí le pidió al juez Bejas que cite a declarar a Morales Solá, con el objetivo de determinar si puede aportar información sobre los centros clandestinos de detención que funcionaron en esa provincia.

La foto con el entonces comandante Vilas fue capturada a fines de 1975. En ese momento Morales Solá trabajaba como periodista de La Gaceta de Tucumán y era corresponsal del diario Clarín. Se calcula que en noviembre de ese año había por lo menos 150 detenidos ilegales en la Escuelita de Famaillá. 

Según fuentes judiciales, con la citación buscan también investigar cómo funcionaba La Gaceta, el principal diario de Tucumán, para conocer qué grado de control tenían los militares sobre los medios. Allí se dinfundían datos sobre las víctimas fatales, y se cree que que gran parte de información provino del Tercer Cuerpo del Ejército, como parte de la ¨guerra psicológica¨ que después se difundió en todo el país para crear un enemigo, el subversivo.

En ese sentido, el fiscal también solicitó la declaración del periodista Oscar Gijena, quien compartió la redacción de La Gaceta con Morales Solá, para que aporte datos sobre si existió un plan para censurar o manipular la información en los medios de la provincia. En una nota de Miradas al Sur, el sindicalista señaló que ¨algunos periodistas (de La Gaceta de Tucumán), por miedo o temor a perder sus familias, publicaban todo lo que Bussi les decía en las reuniones que se realizaban en su despacho militar. Lo hacían porque no les quedaba otra¨. Sin embargo, al referirse al caso de Joaquín Morales Solá, Gijena recordó que "lejos de tener miedo, alentaban la publicación de los escritos militares, o mejor dicho, arengaban a la tropa". 

Tras la publicación de lo fotografía, Morales Solá aseguró que en el momento de la foto "tenía 25 años y estaba amenazado por la Triple A. Estaba trabajando, cubriendo un hecho, haciendo periodismo". 

El juez federal Bejas está a cargo de todas las causas por delitos de lesa humanidad en la provincia de Tucumán. Sobre el Operativo Independencia hay dos megacausas que investigan las dos etapas de la represión: el momento en el que lo comandó Acdel Vilas (desde el 5 de febrero de 1975, cuando Isabel Martínez de Perón firmó el decreto para "neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos¨, hasta diciembre de ese año), y la comandancia de Antonio Domingo Bussi, desde diciembre de 1975 hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cuando el represor fue nombrado gobernador de la provincia. 

La causa, que se inició en 1983 con la vuelta de la democracia, es la más importante que sigue la justicia de Tucumán sobre delitos de lesa humanidad, ya que el caso concentra un tercio de las víctimas tucumanas de la represión ilegal.