El dictamen oficialista propone la cancelación de deuda con reservas del Banco Central y la generación de nuevos puestos de trabajo a través de la obra pública. Los fondos para la Asignación Universal por Hijo también peligran.

Por Hernán Brienza

No se trata sólo de una mala estrategia política por parte de la oposición la de entorpecer el tratamiento y poner en riego la sanción de la Ley de Presupuesto para 2011. No se trata ni siquiera de una pulseada entre el Grupo A en el Parlamento más el Proyecto Sur contra el gobierno nacional por ver quién tiene posibilidad de marcar la cancha en términos de gobernabilidad para un año complicado, por las elecciones presidenciales de 2011. El problema, una vez más, es cuestión de modelos económicos y sociales. El Presupuesto ideado por el Poder Ejecutivo está centrado fundamentalmente en dos ejes: cancelación de deudas a través de los fondos que maneja el Banco Central a través de sus reservas, y generación de empleo a través de la obra pública. 

Lo que pone en riesgo la oposición, entonces, no es sólo el futuro político del gobierno de Cristina Fernández sino también la posibilidad de llevar adelante un plan de desarrollo económico que contempla una inversión de 33.300 millones de pesos y que entre otras cosas incluye: 

• Los 380 mil puestos de trabajo que genera la obra pública 

• La construcción de 7400 proyectos planeados para concluir el año próximo, como Atucha II y un reactor nuclear multipropósito, inversiones claves en energía nuclear estratégica para el desarrollo energético argentino. 

• 120 mil viviendas sociales y mejoras en otras 110 mil unidades que beneficiarían a 1.250.000 personas, 

• 1200 kilómetros de autopistas, entre ellas la autovía 14 (Gualeguaychú-Paso de los Libres, la Circunvalación de Rosario, las rutas nacionales número 7 (en dos tramos) y 3 (entre Trelew y Puerto Madryn), el Camino del Buen Ayre.

• La finalización de los trabajos en 27 hospitales (el Materno Infantil Rafael Castillo, de La Matanza; el de Laferrere; el Municipal, de Morón; el Posadas, de Haedo; de Tigre; de Gualeguaychú, el Río Grande, de Tierra del Fuego y el de niños de Jujuy, entre otros, y la construcción de otros cinco hospitales nuevos: Cañuelas, el provincial de pediatría en Misiones, el nuevo central de Pilar, el de San Fernando, el municipal de Marcos Paz, la remodelación del Larcade, de San Miguel. 

• Pondría en peligro un porcentaje del financiamiento de la Asignación Universal por Hijo que beneficia a 3,4 millones de niños y adolescentes, el doble aumento a jubilados y trabajadores del Estado pautado por el Estado anualmente. 

• Impediría la ejecución de obras que beneficiarán a 260 localidades de 20 provincias con el acceso igualitario al servicio de gas natural.

• Obras hídricas como la de la cuenca del Río Salado, la del Matanza-Riachuelo y distintos planes de saneamiento de arroyos del interior de la provincia de Buenos Aires. La Planta de Tratamiento Cloacal de Berazategui y la Planta Potabilizadora del Paraná de las Palmas.

• Obligaría al Estado a tomar deuda en el mercado internacional, quebrando así una tradición de soberanía financiera que caracteriza a esta gestión desde el año 2003; y aumentando el gasto, ya que obligaría a la Argentina a tomar préstamos, como en los años 1989-2002, a tasas usurarias.

La jugada del jueves por la madrugada de obligar a levantar la sesión en medio del escándalo por supuestas denuncias de corrupción por parte de Elisa Carrió, líder de una oposición desleal –aquella que pone en riesgo el normal desempeño de las negociaciones democráticas– junto con la complicidad mediática de Héctor Magnetto, CEO de Clarín, cuya estrella se va consumiendo de a poco en función de la impopularidad a la que está sometiendo a su diario, no significa otra cosa que jugar con el futuro político, económico y social de todos los argentinos. Intentar acogotar financieramente a un gobierno remite, inevitablemente, a la estrategia que utilizó Domingo Cavallo en 1989 para desestabilizar el gobierno de Raúl Alfonsín. 

El modelo económico planteado por el gobierno nacional es sencillo. Se trata de inyectar demanda –dinero en el bolsillo de los trabajadores– para mantener en funcionamiento el círculo virtuoso de la economía: el mayor consumo produce mayor producción, y por lo tanto un aumento en la inversión y por consiguiente un aumento en los niveles de empleo. La meta del pleno empleo no es sólo una cuestión macroeconómica si no también política e ideológica. La desaparición del ejército de reserva –desocupados– que mantuvo el neoliberalismo en los noventa como método de disciplinamiento de los sectores populares es una garantía para que los sectores del trabajo puedan mejorar en las negociaciones paritarias no sólo sus salarios sino también las condiciones laborales pauperizadas en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa con las leyes de flexibilización laboral. Es por eso que poner en riesgo la obra pública del Estado es sinónimo de jugar con el modelo neokeynesiano de intervención pública para corregir las nefastas consecuencias que produjo el mercado desatado.

Todo indica que la Unión Cívica Radical colaborará con aprobar finalmente el miércoles el presupuesto planteado por el Ejecutivo, como indica la racionalidad política y el acuerdo de gobernabilidad que se mantiene desde 1990. Hay varias razones para llegar a esta conclusión: tres provincias dependen de la “ley de leyes” –Catamarca, Corrientes y Río Negro–, pero, además, una verdadera vocación de poder lo obliga a pactar con el gobierno. Si cree que tiene posibilidades de ganar en las elecciones de 2011, debe asegurarse de alguna forma que el supuesto Presupuesto del año 2012 pueda ser consensuado y que un posible peronismo en la oposición le pague con la misma moneda. Pero si esto no bastara, los líderes de la UCR deberán sopesar serenamente el costo político de obstaculizar la gobernabilidad a la presidenta en un momento como el actual. Nadie podrá dejar de pensar que se trató de una puñalada trapera en un momento de profundo dolor personal por parte de la primera mandataria, que hoy cuenta con un alto porcentaje de imagen positiva. Es decir, si no se trata de una cuestión de ética de la responsabilidad, deberán echar mano a la fría especulación de las encuestas para actuar con responsabilidad política.

Se podrán discutir, claro, las pautas macroeconómicas como los puntos de crecimiento o de superávits, el índice de inflación, el valor del tipo de cambio del actual modelo presupuestario presentado por el gobierno, se podrán incluso discutir la utilidad o no de ciertas obras públicas proyectadas por el Ejecutivo. Pero no aprobarlo es quebrar la lógica de acuerdos políticos de la democracia. El gobierno tiene todavía un último recurso: el artículo 27 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional dispone que podrá utilizarse el presupuesto del año anterior y faculta al jefe de Gabinete para hacer las reformas necesarias. Esto generaría cierta dificultad, pero no pondría en peligro la gobernabilidad. Lo que sí dificultaría es la proyección de las obras públicas de las que podrían disfrutar millones de argentinos. Atentar contra el Presupuesto es, en cierta manera, atentar contra esos beneficios.