Paga Dios . LA LOGÍSTICA DE LA IGLESIA PARA OPONERSE A LA LEY

Arcaico. La procesista Cecilia Pando dijo presente en la marcha en contra del matrimonio gay.

Los millones de pesos subsidiados con los que la curia financió la movilizacíon naranja. Los oscuros vínculos del consejo escolar católico.

Por Franco Mizrahi

Una cruzada más se sumó al historial de la Iglesia Católica argentina. En la nueva puja de poder contra el Estado, el cardenal Jorge Bergoglio y monseñor Héctor Aguer, el arzobispo de La Plata –dos de sus máximos exponentes– desplegaron todo su arsenal para evitar que se apruebe el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Por eso financiaron el acto masivo que se realizó frente al Congreso el martes 13. Las instituciones educativas católicas jugaron un rol crucial, ya que presionaron a los docentes para que se movilizaran al evento, convocaron a los padres y facilitaron la concurrencia del alumnado, que se cruzó en la plaza con personajes como Cecilia Pando y otros defensores de la última dictadura militar.

Presidente de la comisión de educación de la Conferencia Episcopal Argentina y el más claro exponente del conservadurismo argentino, Aguer jugó un papel protagónico en el armado del frente opositor a la ley. “Es un hombre de pensamiento nacionalista, de derecha –describe el ex sacerdote Antonio Daniel Fenoy, profesor de teología y coordinador del seminario de Teología de la Liberación en la UBA–. Tiene relación con los más altos mandos militares de la dictadura. Era confesor de Carlos Ruckauf, adalid de la mano dura. Y es el único obispo del país que ordena curas del Instituto del Verbo Encarnado, congregación religiosa cercana al lefebvrismo.”

Bajo la órbita de Aguer también está el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), presidido por Alberto Bustamante y Ángela Varela, quien además de ser la vicepresidenta de la institución religiosa es la directora de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA). Esta fraternidad nacionalista de derecha fue fundada por el sacerdote dominico Aníbal Fosbery, quien a principios de abril del 2003, al inaugurar una sede de FASTA en Bariloche, defendió a un oficial nazi juzgado por el asesinato de 335 civiles en 1944: “Permítanme que de modo personal exprese en nombre de FASTA nuestro recuerdo y gratitud al entonces presidente de la Asociación Germano Argentina en Bariloche, señor Erich Priebke”. Quienes conocen la fraternidad de cerca aseguran que la línea de Fosbery –que apoyó la dictadura militar y los levantamientos carapintadas de Aldo Rico y Mohamed Seineldín– se mantiene.

Con este cuadro de situación no sorprende la denuncia de un preceptor de una escuela católica platense que reveló el mecanismo utilizado por el arzobispado local para sumar docentes al planteamiento opositor al matrimonio igualitario: “En todas las salas de profesores se colocaron planillas con el petitorio en contra del matrimonio homosexual y del derecho al aborto. Los docentes que no firmaban quedaban marcados. En los colegios primarios les enviaron notas a los padres en cuadernos de comunicaciones convocando a la movilización”, aseguró el docente que pidió reserva de identidad por temor a represalias. A su vez, todos los alumnos de las escuelas y universidades católicas que concurrieron a la manifestación no tuvieron ausente. La Universidad Austral, ligada al ultramontano Opus Dei, dio asueto.

El rol de las instituciones educativas católicas no es menor, porque allí reside el centro de poder de la Iglesia argentina. Un dato económico sirve para evaluar la situación: el Estado, a través de la Secretaría de Culto, le gira a la Iglesia para sueldos de obispos, arzobispos y mantenimiento de la infraestructura religiosa poco más de 20 millones de pesos. Mientras que los subsidios a las escuelas privadas confesionales dependientes de la curia en Capital Federal y la provincia de Santa Fe, solamente, superan los 900 millones de pesos anuales. A la vista está que la educación es una fuente de poder simbólico y económico.

De cualquier forma, no todo se reduce a ese ámbito. Cada vez que se ve amenazada, la Iglesia despliega todas sus armas para no perder ni un resquicio del poder que supo acaparar por siglos. Y, según declaró Bergoglio, el matrimonio homosexual “es la pretensión destructiva del plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”. Por eso, el domingo 11 de julio, el cardenal primado instó a que se leyera un documento “sobre el bien inalterable del matrimonio y la familia” en todas las misas del país.

A contramano de su atraso cultural, la Iglesia aprovechó el correo electrónico para hacer correr como río de pólvora la “Declaración ciudadana por la vida y la familia”. También presionó a los legisladores desde el escenario montado en el Congreso: “No votaremos más a aquellos políticos que voten por el matrimonio homosexual, se abstengan o se ausenten durante la votación, y trabajaremos para que la mayor cantidad de ciudadanos de todas las provincias también lo haga”, alertó el locutor. Los políticos que mantienen línea directa con la curia, como la senadora Liliana Negre de Alonso, se vieron beneficiados. La senadora por San Luis tuvo su minuto de gloria cuando se paseó por la manifestación anaranjada. Por su parte, el columnista de La Nación Joaquín Morales Solá afirmó que trascendió una conversación telefónica entre la diputada Elisa Carrió y Aguer.

No es para sorprenderse. Todo estuvo perfectamente diagramado. Según los choferes, los micros pagados por la Iglesia tenían un tarifario que variaba según las distancias: los que venían del conurbano cobraban aproximadamente 500 pesos, los de La Plata 1.000 pesos, y los de Rosario, 3.000 pesos.

A las claras, una movilización que en logística nada tuvo que envidiarles a las organizadas por los punteros del conurbano. Una movilización como Dios manda.

fuente El Argentino