IMPLANTAN LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO Piñera declara un virtual estado de sitio para sofocar las protestas

Igualito a "Pinocho" !!

La decisión está dirigida a acallar la rebelión iniciada la semana pasada en la región austral de Magallanes, después de que el gobierno retiró el subsidio al gas, insumo clave por las bajas temperaturas, y lo aumentó casi un 17%.

 

El gobierno chileno de Sebastián Piñera optó por criminalizar la protesta social y, desde ayer, respondió a los habitantes de la región austral de Magallanes con la aplicación de la draconiana Ley de Seguridad del Estado, una especie de estado de sitio que conlleva una limitación extrema de las libertades individuales y colectivas. El presidente se mantiene en silencio y habla sólo a través de sus ministros, pero ayer fue el blanco de todas las críticas, desde las más previsibles de la oposición y las organizaciones sociales, hasta las más inesperadas, como la de la jerarquía de la Iglesia Católica y hasta el presidente de la oficialista Unión Democrática Independiente (UDI).

La Ley de Seguridad del Estado permite a las autoridades perseguir a quienes a su entender alteren las actividades con bloqueos de calles o rutas. La decisión está dirigida únicamente a acallar las protestas iniciadas la semana pasada en la región austral de Magallanes, después de que el gobierno retirara el histórico subsidio que regía para la entrega de gas a las familias, un insumo básico en una región castigada todo el año por las bajas temperaturas. La protesta organizada por la Asamblea Ciudadana contó con el apoyo de las entidades sociales y sindicales y las iglesias de todos los credos. 

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, fue el primero en hablar, y dijo que la aplicación de aquella ley es “grave”. Cuando los periodistas le pidieron una opinión, Ezzati fue contundente: “Es grave, sin duda alguna, la medida tomada es grave.” Después trató de atemperar su duro juicio, lanzando un vehemente llamado al diálogo e hizo la salvedad de que “yo no soy quién para juzgar la realidad completa”.

Ayer, el ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, viajó a la zona para intentar retomar contacto con representantes de la comunidad y reanudar el diálogo suspendido durante el fin de semana, cuando el gobierno ofreció reducir el aumento del 16,8%, impuesto cuando retiró el subsidio, a un 3% equivalente al índice inflacionario de 2010. La propuesta fue rechazada por la Asamblea Ciudadana, lo que produjo una fisura en el movimiento de protesta. En la víspera, algunos comercios comenzaron a reabrir sus puertas, mientras entidades como la Asociación de Turismo se desligaron expresamente del paro. Sin embargo, se mantuvo el corte de rutas.

El senador independiente Carlos Bianchi severamente crítico de la decisión de aplicar la Ley de Seguridad del Estado, dijo que unas 8000 personas salieron a las calles para rechazar la política represiva oficial. El alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimiña, dijo por su parte que “la medida equivale a apagar un incendio con gasolina”, mientras que la diputada democristiana Carolina Goic consideró que la reacción del gobierno es “una provocación” y “una estrategia equivocada” adoptada con el único objetivo de quebrar a la Asamblea Ciudadana. 

Para el presidente de la Cámara de Senadores, el democristiano Jorge Pizarro, la medida “es un acto más de abuso y de autoritarismo” de Piñera, lo que a su juicio “refleja una profunda falta de experiencia y manejo político que no se pueden soslayar”. En tanto, el Partido Socialista opinó que la aplicación de la ley “es la más clara muestra de la incapacidad del presidente para dialogar”. Pero lo que seguramente más le dolió a Piñera fue el juicio del presidente de la derechista UDI, el senador Juan Antonio Coloma, para quien “la medida adoptada dista mucho de ser la más aconsejable y prudente”.