La asignación por hijo es reconocida por Amnistía Internacional

La organización humanitaria Amnistía Internacional dio a conocer en Londres su informe anual denominado “2010: la brecha en la Justicia condena a millones de personas a sufrir abusos”, a través del cual da cuenta de la situación de los derechos humanos en 159 países. En su capítulo correspondiente a la Argentina, esa organización vuelve a destacar –como en años anteriores– la situación de las comunidades originarias que vienen sufriendo reiteradas órdenes de desalojo en su contra a pesar de existir una ley de emergencia nacional aprobada en el 2006, y que fuera extendida por el Congreso hasta el 2013. Por otro lado, plantea la situación del sistema carcelario aún sin resolver y da cuenta de la falta en la implementación de una ley para prevenir y castigar la violencia de género.

Además, el documento destaca los procedimientos penales en relación con el terrorismo de Estado, aunque reconoce las moras a raíz de la “la falta de recursos” y subraya como hecho relevante la implementación de la asignación mensual por hijo a familias de bajos recursos.

En su apéndice referido a información general, Amnistía da cuenta de que en el país a lo largo del 2009 “se registraron protestas y manifestaciones generalizadas contra el desempleo, el elevado nivel de delincuencia urbana, las precarias condiciones de vivienda y otros motivos de preocupación social”, al tiempo que destaca que “el Gobierno para tratar de paliar la exclusión social” estableció “una asignación mensual por hijo a las familias sin trabajo, con bajos ingresos o que trabajaran en el sector informal”.

Sobre la situación de los pueblos originarios, entre otras cosas, advierte que “se siguieron dictando órdenes de desalojo” en su contra a pesar de “las normas internacionales y de una ley de emergencia nacional aprobada en el 2006”. En ese sentido destaca que el Congreso de la Nación amplió el período de aplicación de dicha norma “hasta noviembre del 2013 por la falta de avances en la revisión nacional” sobre la materia. Da cuenta de que se les negó a varias comunidades “el derecho al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos relacionados con la explotación de recursos naturales” en sus territorios y detalla que “en la provincia de Neuquén se formularon cargos penales contra unas 150 personas”. También da cuenta del asesinato a manos de un terrateniente del cacique diaguita Javier Chocobar, ocurrido en octubre pasado en Tucumán.

En materia de derechos humanos destaca que “se produjeron avances en el enjuiciamiento de destacados responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado”, aunque “la falta de recursos provocó largos retrasos” en la administración de justicia.

El informe sostiene que “a pesar de los programas de protección” los testigos, siguieron recibiendo amenazas y que sigue con “paradero desconocido Jorge Julio López, demandante y testigo principal en la causa seguida contra Miguel Etchecolatz”.

Al referirse al sistema carcelario advierte que “se recibieron informes sobre las pésimas condiciones, el hacinamiento y la falta de servicios de salud apropiados” en dichos establecimientos “de las provincias de Santiago del Estero y Mendoza”, además de situaciones “de violencia”, “torturas” y “otros malos tratos” y destacó que “las autoridades no crearon un mecanismo para la prevención de la tortura, en contra de lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU”.

En el rubro de violencia de género, la organización advirtió que sigue siendo “motivo de honda preocupación” y destaca que “en abril se aprobó una ley para prevenir y castigar” ese delito, aunque ésta no ha entrado en vigencia.

Consultada por Buenos Aires Económico, Gabriela Boada, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional filial argentina, sostuvo que “la situación de los pueblos indígenas es una gran preocupación” para ese organismo “porque vienen sufriendo desalojos continuamente a raíz de lo cual recibimos reiteradas denuncias”. En lo que respecta a torturas y malos tratos en las cárceles advirtió que son “una deuda vieja en Argentina” y agregó que siguen existiendo situaciones “de hacinamiento, falta de condiciones de salud y de alimentación”.

Destacó los avances en los juicios por terrorismo de Estado, “lo que hay que reconocerlo”, pero advirtió sobre “la mora en la Justicia, que es una deuda histórica que hay que saldar”, e hizo hincapié en la necesidad de proteger a los testigos, medidas que en el país “son muy frágiles”.

Consultada sobre la asignación mensual por hijo, Boada dijo “que es una medida importante y positiva para poder hacer una distribución de la riqueza de un modo más equitativo”, pero sin embargo subrayó que “los derechos económicos, sociales y culturales y la pobreza en la Argentina son muy grandes y hacen falta otras medidas de este tipo para hacerle frente”.

Como conclusión final, Boada señaló que “las políticas de derechos humanos en el país normalmente son vinculadas a los derechos civiles y políticos”, pero hace falta “tener una visión de derechos humanos más integral que incluya temas como la pobreza o la deuda con las comunidades indígenas que ya llevan más de doscientos años de mora”.

Aníbal Fernández en el Senado

El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que "el programa de Asignación Universal por Hijo implementado en nuestro país es reconocido a nivel mundial", entre otros, "por Amnesty International".

"La Asignación Universal por hijo vino a reparar un problema gravísimo y, por ejemplo, según encuestas, tiene el 85 por ciento de aceptación en la gente de la mesopotamia", precisó.

Por otra parte, el jefe de Gabinete defendió esta tarde las mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y señaló que "las encuestadoras privadas inventaron un verso", durante su exposición en el Senado de la Nación.

En ese sentido, Fernández destacó que "los datos del INDEC se usan en diversos organismos del mundo".

"Nuestros profesionales, permanentemente están haciendo cooperaciones con profesionales de Latinoamérica. Es llamativo que todo esté volcado a hacer ver que los números del INDEC están mal", agregó Fernández.

Fuente: El Argentino.