Se está acercando el tiempo de juzgar la complicidad civil durante el terrorismo de Estado

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, decidió aplicar la Ley Antiterrorista para congelar bienes y cuentas bancarias de represores prófugos que están siendo juzgados por la Justicia por delitos de lesa humanidad, y celebró que finalmente "se está acercando el tiempo de juzgar la complicidad civil durante el terrorismo de Estado".

La medida alcanzará a 27 personas vinculadas con la represión ilegal e incluirá nombres de supuestos testaferros que habrían puesto en marcha una "organización económica" para financiar el "desplazamiento y la vida cotidiana" en la clandestinidad de personas que están siendo investigadas por la Justicia.

En diálogo con Radio Télam, Sbatella explicó que "se pudo detectar una estructura empresarial (American Data S.A), que ya había sido investigada en Ushuaia por el manejo de casinos y el negocio del juego, que es manejada por familiares de represores que estaría sosteniendo la vida de todas estas personas financiando su actividad ilícita".

La UIF está "habilitada" para intervenir según la ley sancionada en diciembre del año porque así lo establece la figura de Financiamiento del Terrorismo, y porque es una "situación que se deriva en el caso de los prófugos de la justicia que están siendo juzgados por delitos de lesa humanidad".

Y agregó: "Esto se ameritaba porque estos represores están prófugos y no están permitiendo que se haga justicia. Sostenerlos implica todo un esfuerzo económico y para nosotros esto habilita la utilización de la figura de Financiación del Terrorismo", incluida en el Código Penal desde diciembre del 2011.

El primer apuntado por la UIF, según la resolución firmada por Sbatella el viernes pasado, es Jorge Raúl Vildoza, quien fuera segundo jefe de la ESMA entre 1976 y 1980, y acusado de la apropiación de un menor nacido en cautiverio; al tiempo que la lista llegaría a 27 personas, según las resoluciones que serían firmadas en el día de la fecha.

La empresa de juegos de azar American Data S.A aparece señalada por el organismo como una supuesta pantalla para el lavado de dinero de bienes extraídos a secuestrados y desaparecidos, cuyo otro fin sería el de solventar los gastos de los represores prófugos, algunos de ellos desde hace más de 24 años, como Vildoza.

"La UIF recién ahora tiene el andamiaje legal y la estructura institucional como para entrar en ese tipo de delitos. Y esa situación se está sintiendo en esa estructura de poder y también en los medios hegemónicos como Clarín y La Nación que intentan tergiversar esta información como estructura de protección de toda esa historia negra de la argentina", apuntó su titular.

Para Sbatella los "ataques" al organismo que conduce tienen que ver con que "se está acercando lentamente pero por fin, el tiempo de juzgar la complicidad civil durante el terrorismo de Estado, y eso es lo que está generando mayor virulencia en los ataques a la UIF y su conducción".

"Estructuras empresariales como Papel Prensa y el caso de otras empresas por las que está siendo juzgado (el ex ministro de Economía durante la última dictadura) José Martínez de Hoz son delitos que se cometieron en ese momento, pero que al ser imprescriptibles el producto de ese delito y sus ganancias entran de vuelta. Son delitos continuos", sostuvo.

Y concluyó, acerca de que los denominados delitos económicos durante el terrorismo de Estado, que "todo lo que se ha generado como ganancia en esas empresas está rompiendo el orden económico financiero. Y nosotros estamos esperando la sentencia para ir por el decomiso del valor de los bienes generados y acumulados en ese esquema".