Hacia un Estado inteligente, escribe Juan Manuel Abal Medina, JGM

Las TIC “constituyen una base indispensable sobre la que se sustentan todas las políticas adoptadas desde el Estado”, afirmaba el nuevo jefe de Gabinete de ministros hace cuatro años en la primera edición de PuntoGov.

Juan Manuel Abal Medina

Consolidar y profundizar la recuperación de la Argentina demanda la reconstrucción de las capacidades institucionales y administrativas de su Estado. Para que éste sea un efectivo promotor del desarrollo económico y un adecuado garante de la equidad social, el Estado que precisamos debe ser eficaz, ágil y transparente.

Desde la Subsecretaría de la Gestión Pública nos abocamos a las cuestiones relativas a la innovación tecnológica, las cuales entendemos como fundamentales para el trabajo de las distintas jurisdicciones de la administración y constituyen una base indispensable sobre la que se sustentan todas las políticas adoptadas desde el Estado.

Un Estado con tecnologías de información y comunicación eficaces, que define estándares precisos de lo que espera de cada área y que cuenta con personal capacitado y motivado para lograr esos objetivos, es un Estado con las capacidades necesarias para desarrollar sus tareas fundamentales y para enfrentar sus desafíos actuales y futuros. En estas direcciones avanzamos.

Las cuestiones ligadas a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son ubicadas en lo que algunos llaman las reformas de nueva generación, cuyo eje central radica en la incorporación de estas herramientas en la gestión pública (fenómeno comúnmente conocido como “gobierno electrónico”). Estas reformas vienen así a actuar sobre algunas de las cuentas pendientes de procesos de reformas anteriores, “actualizando” al Estado con los tiempos que corren.

En cuanto a su relación con la sociedad, los cambios se orientan por un lado a desarrollar aplicaciones para aumentar la transparencia y reducir los tiempos de gestión de trámites, y por el otro, a diseñar una política de seguridad en orden a garantizar la certificación de identidades.

El Gobierno electrónico es para nosotros una herramienta que a partir del uso de las TICs busca redefinir la relación del Estado con los ciudadanos para mejorar la gestión y los servicios, garantizar la transparencia y la participación, apoyando la integración y el desarrollo de los distintos sectores y regiones. Es en este sentido que entendemos al Gobierno Electrónico como un medio para mejorar la Gestión Pública y no un fin en sí mismo.

La Subsecretaría de la Gestión Pública implementa desde el año 2005 el Plan Nacional de Gobierno Electrónico, que incluye una batería de programas y acciones tendientes al desarrollo e innovación en TICs en el sector público. Los lineamientos estratégicos de este plan son: mejor servicio al ciudadano, mejor gestión pública, transparencia, participación, integración, apoyo al desarrollo, integración a la economía y reducción de costos.

De acuerdo con estos principios hemos puesto en pleno funcionamiento el portal del Estado argentino, el portal “Argentina Compra”, lanzado el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y la Firma Digital. Estos avances, sumados a la Guía y Ventanilla Única de Trámites hacen que lo que antes era un laberinto infranqueable de oficinas y burocracia, lo estemos transformando en un Estado más amigable, accesible y al servicio del ciudadano.

Nuestros esfuerzos serían incompletos si nos focalizáramos tan sólo en la Administración Pública Nacional. Actualmente, los gobiernos provinciales y municipales ejecutan alrededor de la mitad del presupuesto público del país, y emplean en conjunto diez veces más personas que el Estado nacional. Por lo tanto, es fundamental avanzar en la introducción de estos nuevos modelos de gestión también en el ámbito subnacional. Por este motivo, la SGP, a través del Consejo Federal de la Función Pública (COFEFUP), promueve una mayor cooperación entre la Nación y las Provincias, orientada a fortalecer el aparato administrativo-institucional de los gobiernos subnacionales.

Las iniciativas aquí mencionadas constituyen sólo una breve síntesis de las medidas en curso en materia de modernización de la gestión pública. Pero así como el uso de las nuevas tecnologías puede despertar grandes expectativas de democratización social y política, la imposibilidad de acceder a esas tecnologías puede producir efectos contrarios, agudizando las diferencias y desigualdades sociales ya existentes.

El problema al que hacemos referencia es el de la conocida “brecha digital”, la cual puede definirse según la ALADI como “la distancia tecnológica entre individuos, familias, empresas, grupos de interés, países y áreas geográficas en sus oportunidades en el acceso a la información y a las tecnologías de la comunicación (…)” (ALADI, 2003)

Por ello impulsamos políticas públicas tendientes a facilitar el acceso y capacitación de los individuos, y así como la ciudadanía política es un derecho universal, también debe serlo el acceso a las nuevas tecnologías, si es que esperamos con ellas mejorar el nivel de vida de la población.

En este sentido, sabiendo lo mucho que todavía nos resta por avanzar, desde la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Nación estamos convencidos de que estamos dando pasos significativos en la construcción de un Estado a la altura de las expectativas y demandas de los ciudadanos.

NdR: Esta columna fue escrita el 20 de diciembre de 2007, fecha en que PuntoGov se inicia como medio digital especializado en gobierno electrónico y políticas públicas de TIC.

fuente http://www.puntogov.com/nota.asp?nrc=2689&nprt=1