El país de Macri y De la Sota: tarifazos, privatizaciones y regresividad impositiva

Se sacan fotos, se juntan para criticar al gobierno y se imaginan conduciendo el país. Cómo sería una Argentina gobernada por dos dirigentes con cargo ejecutivo actual según la política real que aplican.

Uno busca reunir en torno a su figura a un disperso antikirchnerismo sin referente claro aún, gobernando una de las provincias más ricas. El otro es Jefe de Gobierno de la ciudad con PBI per cápita más elevado de la Argentina, donde reside la población con mayor poder adquisitivo. Algo une a José Manuel De la Sota y Mauricio Macri: gestionan dos de los principales distritos del país y tienen como objetivo ser candidatos en 2015. Y pese a que evitan pronunciamientos directos sobre el tema, la foto que los reunió hace poco y la posibilidad que planteó Macri esta semana de ir a internas juntos, parecen dar por hecho que, entre los dos, disputarán el mismo electorado en pos de erigirse como alternativa frente al kirchnerismo.

Pero lo que por ahora son especulaciones, se refuerza más concretamente al revisar algunas políticas de gobierno centrales que ambos mandatarios impulsan en común, lo que permite prever cuál sería el destino final del actual modelo económico si alguno de estos mandatarios resultara electo. ¿Profundización, continuidad o directamente reversión de sus principales características e implementación de un esquema diferente?

En consecuencia, analizar en cada caso el origen de los recursos, orientación de la estructura tributaria, tarifas más recientes impulsadas, destino principal de fondos y prioridades asignadas, ejecución presupuestaria en salud y políticas sociales, relación público-privado y, finalmente, el compromiso frente a temas tan sensibles como el endeudamiento, pueden ser elementos de peso para identificar algunas tendencias y plantear posibles escenarios en el caso de que uno u otro fuesen elegidos.

 

RECURSOS. Macri y De la Sota coinciden en acusar al Gobierno Nacional de un presunto "ahogo fiscal". El planteo es que las provincias y la Ciudad Autónoma no deberían continuar cediendo el 15% de la masa coparticipable a la Nación para el financiamiento del sistema previsional. Incluso, De la Sota forzó en la Legislatura local un proyecto para que la provincia abandone unilateralmente el Pacto fiscal de 1992 y retenga ese porcentaje, aún cuando el 86% de los jubilados cordobeses cobra a través de la ANSES y esos recursos también vuelven a la provincia en materia de AUH y otros programas sociales.

La idea que subyace al reclamo es que la Nación ahoga financieramente a distritos díscolos, buscando disciplinarlos políticamente regulando a discreción el grifo de recursos. Pero en el caso de la Capital Federal, la Nación gira una serie de recursos con asignación específica. Se trata de fondos que financian Acciones de Empleo, Pensiones no Contributivas e Incentivo Docente. Por otro lado, recibe transferencias directas como la coparticipación y el Fondo Federal Solidario (igual que Córdoba), que surge del 30% de lo que se recauda por retenciones a la soja. Tal lo mencionado anteriormente, es uno de los distritos con presupuestos más abultados, lo que prácticamente la hace autosuficiente y que, sin embargo, recibe por estos conceptos más que otras jurisdicciones. En 2011, este combo le permitió percibir $ 1170 millones, más que Santa Cruz o Neuquén, que recibieron $ 205 y $ 383 millones respectivamente. En el caso de Córdoba, la estadística indica que casi 133 mil millones de pesos fueron los que durante los últimos años recibió la provincia de manos de la Nación. En el período 2003-2011, los fondos transferidos representaron un promedio del 114% del presupuesto provincial ejecutado, lo que significó un adicional por año de $ 16.157 millones.

 

ESTRUCTURA TRIBUTARIA. El perfil tributario actual de la Buenos Aires de Macri y la Córdoba de De la Sota revelan los escasos esfuerzos que han hecho en cada caso por reducir la regresividad de sus esquemas impositivos. Sabido es que, en un contexto en donde el financiamiento externo no parece una alternativa posible ni deseable, la sustentabilidad del gasto público depende del esfuerzo recaudatorio del Estado. Pero el sesgo distributivo de la presión fiscal debe ser progresivo si se pretende sostener el nivel de consumo y no impactar entre los sectores socioeconómicos más vulnerables. La presión fiscal nacional hoy se ubica en torno al 22,2% del PBI, y el sesgo distributivo del sistema tributario nacional ha aumentado su progresividad, aunque todavía los impuestos regresivos, como el IVA, sigan siendo los de mayor incidencia en la recaudación total.

En Capital Federal, los Ingresos Brutos constituyen más del 70% de la recaudación. En Córdoba, en 2004 el 64% de la recaudación de la provincia provenía de Ingresos Brutos y un 24% del Impuesto Inmobiliario. La diferencia entre lo recaudado por uno y otro tributo en la provincia se incrementó significativamente hacia 2011: el 81% en el primer caso y apenas un 7% en el segundo. Eso significa que ambos dirigentes han evitado incrementar la carga contributiva entre los sectores de mayores recursos. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario rural y urbano en Córdoba apenas representan un 10% de la recaudación provincial, y en algunas zonas los campos no se reactualizan desde hace 20 años.

El informe sobre ejecución de presupuesto de Córdoba elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), advierte que "la estructura tributaria de la provincia es altamente dependiente de la dinámica de la recaudación nacional y de tributos provinciales atados al nivel de actividad económica”. Por su parte, Apyme Delegación Córdoba presentó un documento al momento de realizarse la Audiencia Pública de la Unicameral sobre el Proyecto de Presupuesto 2013 para la provincia. Allí destacó el carácter regresivo de la tributación de Córdoba, y estimó un aumento cercano al 19% en Ingresos Brutos, con una incidencia muy importante en la estructura tributaria provincial que indefectiblemente se trasladaría a precios de pymes y público.

 

TARIFAZOS. La recurrencia a tarifazos parece otra tendencia habitual en uno y otro. A partir del 1º de enero, para los porteños empezó a correr el aumento del ABL. Todas las partidas pagan un 12,5% más y las retrasadas en la valuación fiscal suben hasta el 100%. A eso se suma el transporte: Macri, después de mucho tiempo de haberse comprometido a hacerlo, finalmente se hizo cargo del subte desde comienzos de año y su equipo ya está evaluando una nueva suba en el boleto. También propuso el aumento de patentes, peajes y naftas, todo con el pretexto de financiar el subterráneo.

Córdoba, en tanto, también ha pensado en las naftas para recaudar más. Desde septiembre cobra un impuesto a los combustibles, gravando 40 centavos por litro de combustible líquido y 10 centavos por m3 de GNC, destinado a "financiar obras de infraestructura", y por los que espera recaudar $ 500 millones anuales. Desde su implementación, el 7 de septiembre, se llevan recaudados aproximadamente $ 120 millones. Esto motivó una demanda en la Corte del Gobierno Nacional, por considerar que la justicia tributaria no permite que una jurisdicción provincial cree tributos de esta naturaleza. Pero al ser un impuesto de cobro directo aplicado a un insumo imprescindible como son las naftas, cuanto mayor es su precio, más recauda la provincia. "El de los combustibles es lo que se denomina un consumo 'inelástico', porque nadie puede prescindir de ellos. Por lo tanto, lo pagan todos los cordobeses", afirma a Tiempo  Benjamín Navarro, economista de la UBA e integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP). Por este motivo, además, es regresivo, porque se aplica a todos por igual: "Se trata de un tributo que grava más proporcionalmente al que menos tiene, siendo los sectores de menores ingresos quienes sufren más el impacto de su carga. Además, va en contra de la política económica del Gobierno Nacional, que estimula la demanda como manera de atenuar los efectos de la crisis y sostener la actividad. Pero, al afectar el poder adquisitivo de los cordobeses, además de regresivo se transforma en un impuesto altamente recesivo", concluye Navarro.

Algunas tendencias vigentes para ir palpitando la oferta electoral de 2015 con mayores certezas.

 

 

En baja

7 por ciento

Es lo que representó en Córdoba el ingreso por impuesto inmobiliario sobre el total de la recaudación en 2011. En 2010 fue de un 24%.

 

 

Abuso de publicidad

Suele ser habitual en Macri y De la Sota referirse al "desmesurado uso de la publicidad oficial" con que el gobierno comunica y explica sus anuncios. Sin embargo, el abuso de la propaganda oficial en sus administraciones es mayor que la que critican. En 2010, el gobierno nacional gastó en publicidad oficial $ 1027 millones, lo que representó un 0,62% del total del presupuesto de ese año. El de la Ciudad, en cambio, dispuso de $ 154,7 millones, por entonces un 0,81% de su presupuesto. Dividido en función de la cantidad de habitantes, el resultado es más elocuente: la Ciudad gastó $ 53,64 por habitante mientras que el gobierno nacional destinó $ 30,61 per cápita. Villa del Totoral es una comuna de casi 10 mil habitantes ubicada a 80 km de la ciudad de Córdoba. Su intendente, Ernesto Bernabey, denunció públicamente al gobernador De la Sota por desviar fondos de municipios para su campaña. Emitió una dura carta acusándolo de haberse postulado para gobernador usufructuando el cargo "para financiar sus viajes y publicidad proselitistas". Allí reveló las complicaciones propias de todo municipio que no le responde políticamente: "El gobernador 'que dialoga y no pelea' ha dejado de lado las reuniones de la Mesa Provincia-Municipios, además de quitarle funcionalidad a la Comisión de Seguimiento de Coparticipación que era la encargada de controlar que los aumentos que se reciben de la Nación lleguen también a los municipios", apuntó el jefe comunal.

 

Culto a las privatizaciones 

Otra característica en común de la administración porteña y cordobesa es la especial ponderación que hacen de las privatizaciones, lo que las distancia del proyecto político nacional, preocupado por el fortalecimiento del Estado y su intervención en la economía.

En los últimos años, el PRO fue impulsando la creación de Centros de Primera Instancia (CPI), todos de gestión privada bajo formas diversas, como ONG's. El gobierno porteño subsidia estos establecimientos y asigna recursos en base a criterios de productividad. A casos de privatización concretos como esos, se le suman algunos planteos del jefe de gobierno abiertamente privatistas, como cuando declara que el Estado debería desprenderse nuevamente de Aerolíneas Argentinas.

De la Sota no fue menos explícito. Su gobierno terciarizó el control domiciliario del ausentismo del personal de la provincia a empresas prestadoras de Apross, la obra social de Córdoba. Y también manifestó su intención de privatizar el Banco de Córdoba y en el 2001 EPEC, la empresa provincial de energía, cuando De la Sota buscaba ofertas para lograr una adjudicación.

 

 

Brutalidad

19 por ciento

es el aumento de la recaudación en concepto de ingresos brutos pautada para la provincia de Córdoba en el presupuesto 2013.

 

 

Salud y políticas sociales

Hace un año, el incendio del Hospital Álvarez del barrio de Flores llevó a que durante meses los pacientes tuvieran que ser atendidos en contenedores, haciendo cola a la intemperie. También es recordada la iniciativa por construir un fastuoso centro cívico en el Hospital Borda, con la Metropolitana dispuesta a reprimir a los trabajadores autoconvocados para resistir. El dirigente de la UCR Capital, Marcelo Montero, manifestó reiteradamente que el área de la salud para el gobierno porteño “está de adorno”, y que hay una falta de programación "que mete miedo".

La semana pasada, la Defensoría de la Ciudad denunció la falta de insumos médicos para los chicos que concurren a la colonia de verano en el Parque de la Ciudad. Según se dijo, se trata de 2500 chicos "que no tienen cubiertas las necesidades básicas".

A su vez, a juzgar por las políticas sociales de Córdoba, cabría pensar que una eventual presidencia de De la Sota podría, sino revertir, acaso revisar la cantidad de políticas sociales en curso impulsadas desde Nación. En casi todos los rubros que dependen del Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba, el presupuesto 2012 fue menor que el del año anterior. Según datos difundidos por La Voz del Interior en el área de Prevención de la Drogadicción, que cuando asumió De la Sota perdió el rango de secretaría, mientras que en 2011 se gastaron casi tres millones de los 4.432.000 presupuestados, a septiembre del año pasado se habían ejecutado apenas $4.181 de los $3.877.000 previstos, alrededor del 0,1 por ciento. Lo propio, aseguran, ocurre con otros programas vinculados a prevención de violencia familiar o programas alimentarios, donde no solamente se destinan menos recursos en el presupuesto, sino que muchos programas se terminan subejecutando. El caso más curioso es el de la Casa de la Provincia de Córdoba en Buenos Aires: figura con más presupuesto ($ 4,7 millones) que Prevención de la Drogadicción ($ 3,8 millones). En esta última, a su vez, a diciembre se llevaban gastados apenas 4000 pesos.

fuente

http://tiempo.infonews.com/2013/01/20/eco-94877-el-pais-de-macri-y-de-la-sota-tarifazos-privatizaciones-y-regresividad-impositiva.php