Proyecto del Senador Anibal Fernandez: Ampliar los derechos políticos de jóvenes entre 16 y 18 años

Viernes 13 de Julio de 2012 12:02 Aníbal Fernández 

El día de ayer junto a la senadora Elena Corregido (Chaco) presentamos un proyecto de ley que busca ampliar los derechos políticos de los jóvenes que manifiestan compromiso político. Proponemos que tal como es en la actualidad para los mayores de 70 años, el voto sea un derecho y no una obligación también para los jóvenes entre los 16 y los 18 años. 

Para los que tengan interés, los fundamentos y el texto del proyecto:

Este proyecto tiene como objetivo la ampliación de los derechos políticos de los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad, constituyendo un nuevo paso en el proceso de construcción de mayor ciudadanía para esta franja de la juventud.

Existen antecedentes en la legislación comparada, tanto de países europeos como latinoamericanos, en los cuales se han aprobado leyes otorgando una nueva responsabilidad política a la juventud para que pueda elegir a sus representantes en todos los niveles de gobierno. Cada vez son más las opiniones favorables hacia la plena participación de los jóvenes en el proceso democrático, y en las cuestiones que hacen al Estado en sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.

Para la historia de la democracia en la Argentina, significa la profundización de un proceso de participación política, a partir de la incorporación de una franja cada vez más amplia de población. Implica, además, el reconocimiento en esta franja etaria de capacidades y potencialidades hasta ahora invisibilizadas por una parte de la sociedad.

Constituye, asimismo, una garantía para el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de opinión, en tanto les brinda la posibilidad de expresarse a través del voto, eligiendo a sus representantes.

Los fundamentos desde los cuales se sostiene el presente proyecto tienen sus raíces en la Doctrina de Protección Integral de los Derechos de los Niños y el nuevo paradigma desde el cual se percibe a la niñez, la adolescencia y la juventud.

Las personas desde su nacimiento son concebidas como sujetos plenos de derechos, reconocidos en nuestra Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de los Niños y otros Tratados Internacionales ratificados por nuestro país en la Ley 26.061.

Desde esta perspectiva, se reconoce el papel futuro, las responsabilidades, la participación de los jóvenes en la sociedad, y su función activa. Ya no se los considera como meros objetos de socialización y control.

Los jóvenes van internalizando el ejercicio de la política y de la democracia de manera progresiva, en función de su compromiso, de su práctica y su militancia.

Si bien jurídicamente la niñez incluye a como todas las personas desde que nacen hasta los 18 años, este período es de carácter evolutivo, en el cual los sujetos van desarrollando sus capacidades psicomotrices, cognitivas, intelectuales y sociales. Es una etapa en la que se van registrando cambios y saltos madurativos y, fundamentalmente, en la que se va construyendo la identidad propia y la autonomía.

La adolescencia está comprendida en este período, hacia los 14 años aproximadamente, y se caracteriza por los cambios significativos tanto físicos, como psíquicos y sociales. Las personas van forjando su identidad, así como también adquiriendo las normas y las reglas del mundo social más allá de sus familias, proceso que se extenderá hasta que los sujetos alcanzan la adultez. Es la etapa de la socialización secundaria: período de crisis para los jóvenes, cuando en muchos casos adoptan posiciones críticas frente a sus padres, en primer lugar, porque es el período de separación y desprendimiento de la autoridad paternal y de construcción de su propia autonomía. En segundo lugar, muchos jóvenes adoptan posiciones críticas frente a la realidad en la que viven y proponen cambios en la sociedad (papel contracultural de la juventud).

Desde un modelo de Estado inclusivo y de protección y promoción de los derechos de los niños, niñas, y adolescentes se debe asegurar la igualdad de oportunidades en estos procesos de socialización, donde no sólo interviene la familia como institución primaria, sino también las instituciones escolares, la comunidad en general, los medios de comunicación y demás instituciones de la sociedad.

Es desde el paradigma de la Protección Integral que se puede fomentar la participación de los jóvenes asegurando el ejercicio de la ciudadanía de los niños y la necesaria interrelación democrática, protegiendo especialmente los siguientes derechos:

. La libertad de expresión e información: entendida como el derecho de expresarse de manera libre, buscar, recibir y difundir información. Este derecho está integralmente relacionado con el derecho a la opinión y con el derecho a exigir la fuente de proveniencia de la información que se dirige a los niños y a la sociedad.

. Opinión: derecho que permite la expresión libre del joven en todos los asuntos de su interés, incluyendo los procedimientos administrativos o judiciales.

. Asociación: derecho que comprende todo lo relativo a las formas organizativas lícitas, como el de fundarlas, dirigirlas, participar en ellas y celebrar reuniones.

Si bien nuestro país adhiere a este nuevo paradigma, todavía es necesario profundizar los cambios culturales que deben darse en el sentido de la protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestra sociedad.

Todavía en muchos aspectos, predominan formas que dejan a estos sujetos bajo situaciones de desprotección. No es casual que se debata más sobre la baja de la edad de imputabilidad, que sobre fomentar la ciudadanía desde etapas tempranas de desarrollo de los sujetos.

Cuando se discute sobre la baja en la edad de imputabilidad de “los menores” se pone a los adolescentes y los jóvenes bajo sospecha; continúa reproduciéndose la mentalidad y las prácticas institucionales propias de la concepción de la “situación irregular”, aún cuando a nivel legislativo existan cambios concretos. En este caso, si bien existe una ley de avanzada, como la Ley 26.061, todavía los cambios de conciencia, culturales e institucionales no se han hecho efectivos por gran parte de la sociedad.

Sigue persistiendo, entonces, en nuestra sociedad, una mirada represiva sobre los jóvenes que se vuelven aún más sospechosos en los niveles socioeconómicos más bajos.

Un ejemplo de ello aparece plasmado en el Informe sobre la Seguridad Ciudadana en las Américas elaborado por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en el año 2010, estudio que da cuenta de que, como consecuencia de la historia de autoritarismos, de la falta de equidad, del aumento de la desigualdad y de ajustes estructurales de las sociedades de América Latina y el Caribe producidas desde hace más de 35 años, la juventud es el principal foco de la violencia en todas sus formas: social e institucional (ya sea como víctimas o victimarios). Esta es una realidad sobre la que se propone trabajar, se deben aumentar las oportunidades para toda la población, en especial para los jóvenes.

Pensar un nuevo paradigma y en este caso, pensar en un nuevo proyecto de país -como se viene dando en la Argentina desde el año 2003- implica analizar y debatir en conjunto el espacio de las generaciones más jóvenes, sus niveles de responsabilidad, de participación, desde un lugar absolutamente positivo y de protección de los derechos humanos de esta población.

En la actualidad, el Estado Argentino considera a los jóvenes, ante todo, como ciudadanos con derechos que deben ser respetados, y las políticas llevadas adelante desde sus Ministerios dan muestra de esta intención.

Crecimiento de la participación política de los jóvenes:

A partir del comienzo de la presidencia de Néstor Kirchner, en nuestro país se produjeron cambios estructurales tendientes a la conformación de un modelo social y productivo de corte distribucionista, que intenta recuperar el crecimiento y desarrollo de la industria nacional, con una fuerte promoción del empleo, donde la inclusión social de los sectores más bajos y el respeto por los derechos humanos son factores fundamentales. Estos ejes de acción permitieron recuperar históricamente el sentido de la política. No fue casual, entonces, que se haya acrecentado la participación política de los jóvenes en agrupaciones y movimientos políticos, tanto tradicionales, como de reciente formación.

Es evidente que hoy se está dando un proceso de cambio generacional y de ideas acerca de cómo participar con distintas modalidades de organización. Hace falta, entonces, avanzar un paso más en hacer efectivo el poder de elección y de expresión mediante el voto de estos jóvenes que, a edades más tempranas, han manifestado su compromiso político.

Existe por parte de los jóvenes una demanda cada vez mayor de participación formal en niveles locales, comunales, municipales y, por parte de los adolescentes, en colegios secundarios y universidades. Los temas nacionales son parte de sus debates y discusiones, sostenidos desde una voluntad genuina.

Después de décadas en que los asuntos públicos no formaban parte del horizonte de los jóvenes, hoy comparten y piensan un proyecto de nación, de estado, de economía. Muestran un mayor interés en cambiar las cosas más inmediatas que los afectan.

Es posible hoy pensar en un futuro, en un proyecto de sociedad y de país para los jóvenes. Muchas de las políticas sociales tienden a encaminar y formar profesionalmente y laboralmente a los jóvenes. Un ejemplo de ello, es el Programa Jóvenes con más y mejor trabajo, el programa Fines.

Así como se está produciendo un recambio generacional en la política, también se percibe y sobre todo, son los jóvenes los que perciben, que la política a nivel nacional está conectada con su vida cotidiana y su realidad. Ya no existe ese desfasaje, esa distancia o ajenidad entre las cuestiones políticas y las de los espacios públicos cotidianos donde los jóvenes se desarrollan y se desenvuelven.

La militancia local y barrial es una forma de organización política, con un fuerte anclaje en los valores y prácticas organizativas propias de la democracia. Es la política llevada al territorio, al contacto directo con los vecinos, que adquiere sentido en tanto se llevan a las prácticas los valores políticos que la sostienen. Y al mismo tiempo, constituye un espacio de construcción de la identidad de los jóvenes que se están desarrollando y creciendo. Se dan los dos procesos al mismo tiempo:

Cambio en el concepto de política, relacionada con las cuestiones que forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos y entre ellos los jóvenes. La política y la militancia se hicieron propias en estos jóvenes, forman parte de sus vidas, de sus ambiciones, de sus sueños e ideales, de su presente y su futuro.

Política que implica cambio cultural, apertura, que se vuelve cada vez más efectiva a partir de otros cambios como los propuestos por la Ley de Medios.

En esta época de construcción de ciudadanía, existe una demanda de mayor participación. Los jóvenes están en condiciones de elegir a sus representantes en el terreno político.

En nuestro país, vuelven a recuperarse los niveles de actuación en la política destruidos a partir del año 1976, y que con el proceso democrático se fueron recuperando lentamente.

El Estado ha vuelto a generar las condiciones necesarias donde una nueva juventud se está gestando, con niveles crecientes de protección y promoción de sus derechos, con nuevas posibilidades y horizontes que entre todos debemos permitir que se vayan ampliando.

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el texto completo de la ley en el siguiente link:

http://www.anibalfernandez.com.ar/index.php/hay-que-hablar-claro/1024-ampliar-los-derechos-politicos-de-jovenes-entre-16-y-18-anos